La música ya no ocupa un terreno neutral, en los últimos años y de forma más intensa entre 2024 y 2026, los conflictos armados, las sanciones internacionales y las campañas de opinión pública han trasladado al ecosistema musical las mismas polarizaciones que atraviesan la política global. Lo que antes se resolvía en debates académicos o en la trinchera de la crítica hoy se traduce en retiradas de catálogos, cancelaciones de giras, vetos por nacionalidad y pautas editoriales cambiantes en plataformas que dominan el acceso a la música. Este fenómeno no es una colección de anécdotas; es una transformación estructural que exige poner en perspectiva decisiones corporativas, presiones sociales y el rol estatal en la cultura.
Un caso que llama la atención es el reciente anuncio de Café Tacvba, su vocalista Rubén Albarrán informó que la banda entregó cartas a Universal y Warner Music México solicitando que su catálogo sea retirado de Spotify por razones éticas y artísticas, en un contexto en que los artistas cuestionan qué impacto tienen las regalías y las inversiones de las plataformas en conflictos armados y en políticas que consideran reprobables. La noticia, difundida por agencias y medios, reavivó el debate sobre hasta qué punto un artista puede forzar la salida de su obra cuando los derechos están en manos de sellos y agregadores. Spotify, por su parte, respondió públicamente rechazando la acusación de que la plataforma “financie guerras” y defendió su modelo de negocio. El episodio es una muestra clara de cómo los reclamos éticos se convierten en acciones concretas de boicot o retirada. Lo cierto es que cientos de artistas se han retirado de Spotify.
En el otro extremo del espectro ideológico, la presión pública y las decisiones administrativas han provocado cancelaciones por motivos de seguridad y reputación. La banda Disturbed vivió esta dinámica cuando la foto de su cantante David Draiman junto a instalaciones militares israelíes firmando un proyectil y expresando un apoyo explícito a operaciones militares, detonó protestas y llevó a que autoridades locales en Europa suspendieran presentaciones citando riesgos de seguridad. Ese episodio no solo afectó a la gira de la banda, sino que puso en evidencia cómo la expresión pública de una postura sobre un conflicto puede traducirse en pérdida inmediata de espacios, ingresos y acceso a audiencias.
Y casos hay demasiados, desde la guerra en Ucrania se han multiplicado las decisiones de festivales, salas y orquestas que excluyen intérpretes o repertorios por vínculos reales o percibidos con Estados agredidos. Instituciones clásicas han debatido si cancelar la participación de músicos rusos o incluso retirar obras del repertorio por presión política; mientras, promotores y curadores temen las repercusiones, desde boicots hasta amenazas y como consecuencia, toman decisiones preventivas que cruzan la línea entre sanción política y discriminación por origen. El resultado es una industria fragmentada: artistas que huyen de circuitos internacionales, audiencias privadas de encuentros culturales y programadores que priorizan el cálculo de riesgo por sobre el criterio artístico.
Más allá de festivales y giras, las plataformas tecnológicas han emergido como árbitros de acceso y visibilidad, la posibilidad de que grandes catálogos sean retirados, que listas editoriales eliminen canciones o que la monetización sea suspendida por razones políticas coloca a empresas como Spotify, Apple Music y YouTube en el centro de conflictos morales y comerciales. Eso reconfigura la relación entre autor, sello y oyente: el artista que reclama ética se enfrenta a contratos y ecosistemas digitales que no responden solo a la voluntad creativa, y el oyente se transforma en actor de presión política cuando sus demandas colectivas influyen en decisiones empresariales. La pregunta sobre quién decide qué se escucha adquiere entonces dimensiones legales, económicas y geopolíticas.
En este nuevo mapa, conviene distinguir al menos tres mecanismos de influencia: las acciones directas de artistas (retiradas voluntarias o exhortos a sellos), las decisiones institucionales (cancelaciones por seguridad o sanciones administrativas) y las respuestas corporativas de las plataformas (moderación, políticas comerciales y gestión de crisis). Cada mecanismo opera con lógicas distintas como la ética individual, el orden público y el balance del negocio y sus intersecciones generan contradicciones prácticas, por ejemplo, una retirada de catálogo puede ser ampliamente celebrada por activistas, pero afectar económicamente a músicos y técnicos que dependen de esas regalías; una cancelación por seguridad puede preservar vidas, pero al mismo tiempo castigar colectivos culturales enteros.
Y tenemos la instrumentalización cultural por parte de Estados, el uso de la música como soft power o propaganda complica aún más el panorama. Gobiernos y bloques regionales son conscientes del valor simbólico de la música y presionan a través de sanciones o diplomacia cultural para aislar a actores considerados adversarios. Esta lógica, que convierte la programación cultural en extensión de la política exterior, refuerza la idea de que la globalización musical no equivale a un mercado moralmente neutral, las fronteras digitales se dibujan ahora con criterios políticos.
¿Qué implica esto para la práctica musical y para el periodismo cultural? Primero, que la información sobre conciertos, derechos y contratos debe cruzarse con análisis geopolíticos, no basta con denunciar una “censura” sin verificar la cadena de responsabilidad (artista, sello, plataforma, autoridad). Segundo, que la industria necesita marcos más transparentes para dirimir conflictos éticos como cláusulas sobre salidas de catálogo, protocolos de seguridad y criterios claros de moderación editorial podrían mitigar arbitrariedades. Y tercero, que los públicos deben asumir su papel político al consumir música: boicots, playlists y protestas digitales son expresiones legítimas, pero con costos colaterales que requieren deliberación pública.
La música no desaparecerá como espacio de resistencia ni como mercancía; lo que cambia es la presión sobre quienes la hacen y la distribuyen. Cuando Rubén Albarrán pide bajar un catálogo por convicción ética o cuando una autoridad cancela un show por riesgo público, se está escribiendo una nueva cartografía cultural donde política, mercado y seguridad se entrecruzan. Comprender esa cartografía con fuentes, fechas y responsabilidades es una tarea imprescindible si queremos conservar la posibilidad de que la música siga siendo voz, no sólo objeto de sanciones o banderas. En un mundo de conflictos, cada canción es ahora también un acto político, saber quién apaga el altavoz y por qué es un deber del periodismo.
@felipeszarruk
