América Latina es la región más urbanizada del planeta. En poco más de una generación, entre 1950 y 2010, la proporción de personas que vivían en las ciudades creció de alrededor del 30% a poco más del 85%. En 2050, el 90% de los latinoamericanos vivirán en ciudades. Hoy en día, hay más de 55 ciudades en América Latina con poblaciones de un millón de personas o más, incluidas algunas de las áreas metropolitanas más grandes del planeta. Según cómo se cuente, hay alrededor de 2000 ciudades que impulsan la economía de América Latina. Ninguna otra parte del mundo se ha urbanizado con más rapidez.
Solo hay un problema: las ciudades latinoamericanas no cumplen con su promesa. Una de las razones principales es que tienen una insuficiencia de infraestructuras masiva.
Si bien está claro que la urbanización ha traído una serie de beneficios sociales y económicos, las ciudades latinoamericanas han tenido que luchar para absorber a las personas recién llegadas del campo. Los gobiernos fallaron para ubicar a las personas en zonas apropiadas y, en lugar de solucionar el problema, la élite adinerada miró hacia otro lado. Como resultado, la pobreza pronto se transformó en urbana. En la actualidad, alrededor del 25% de las y los habitantes de las ciudades latinoamericanas, más de 160 millones de personas, viven en barrios pobres. Esto ha exacerbado el desequilibrio de la oferta y la demanda de vivienda: el 75% de las viviendas nuevas son «informales». Como resultado, la gente pobre en las ciudades carece de un título de propiedad formal y acceso a los servicios más básicos.
Debido a la mala planificación y la disfunción en los mercados de la vivienda, decenas de millones de personas viven en condiciones nefastas, a menudo en las afueras de la ciudad. En general, enfrentan grandes brechas cuando se trata de acceder a los servicios básicos: más del 77% de las y los latinoamericanos carecen de instalaciones sanitarias seguras y solo el 28% de las aguas residuales recolectadas en las alcantarillas se trata. No es sorprendente que las personas residentes más pobres de las ciudades recurran con frecuencia a proveedores informales, incluidos los grupos de la mafia y las milicias, para satisfacer sus necesidades diarias.
Los efectos secundarios de la hiperurbanización de América Latina afectan a todas las capas de la sociedad. Las ciudades latinoamericanas en expansión a menudo adolecen de mala conectividad física, social y digital y mucha fragmentación. Las ciudades en toda la región son a menudo dispersas y desiguales. Debido a soluciones inadecuadas de transporte público (y a un exceso de dependencia en los automóviles), las ciudades de la región se encuentran entre las más congestionadas del planeta. Con demasiada frecuencia, las élites de la ciudad ocultan estos problemas. Confrontados con estos problemas, incluyendo los niveles epidémicos de delincuencia, estas deficiencias en las infraestructuras son cada vez más difíciles de ignorar.
La brecha financiera
A pesar de haber logrado grandes avances en la reducción de la pobreza en las últimas décadas, las ciudades de América Latina están luchando para enfrentar los desafíos de infraestructura más básicos. Esto se debe en parte al crecimiento desacelerado de los últimos años, que ha frenado la inversión en los sectores de vivienda, tratamiento de agua, transporte público, energía (renovable) y telecomunicaciones. Los masivos escándalos de corrupción, incluidas las investigaciones en cascada de Lavo Jato en Brasil, han tenido un efecto horrendo en, al menos, 15 países latinoamericanos.
En consecuencia, existen importantes brechas de financiación en lo que respecta al gasto en infraestructura. Los estudios sugieren que la región tendrá que aumentar el gasto total del 3% al 5% del PIB, alrededor de 180 mil millones de dólares al año, para cerrar la brecha. En la actualidad, los países de América Latina gastan menos proporción de su PIB en infraestructura que cualquier otra región, con excepción del África subsahariana. Más del 70 % de sus gastos en infraestructura provienen del sector público, y solo el 20 %, del sector privado.
Para atraer financiación privada, se debe establecer una visión, un plan, para las ciudades en todos los niveles de gobierno. Una estrategia clara, con objetivos, metas e indicadores, que establezca las pautas para la inversión pública y privada. Las autoridades municipales también deben desarrollar un flujo predecible de proyectos que abarquen el transporte público, la vivienda, la energía, el agua, los desechos y la economía digital. Del mismo modo, las ciudades deben estandarizar los procedimientos de inversión, incluso reducir la burocracia administrativa donde sea posible. Ninguna de estas prioridades es nueva, pero eso no las hace menos importantes.
Un imperativo fundamental en las ciudades de América Latina es que las inversiones beneficien a las personas con menos recursos económicos, sean sostenibles y aprovechen el potencial de las nuevas tecnologías. Esto significa elaborar estrategias que privilegien el impacto social desde el comienzo. También significa apoyar a las autoridades locales a construir con más densidad y reducir la expansión vertical; desarrollar estrategias para atraer y retener a los residentes talentosos; y construir ciudades que se adapten a una población que envejece. En último término, las ciudades más exitosas serán aquellas que trabajen con una amplia gama de socios para planificar el futuro.
Soluciones innovadoras
Algunos gobiernos latinoamericanos han tomado medidas para promover la infraestructura urbana a favor de las y los pobres, especialmente con respecto a la vivienda. Tome el caso de los esquemas de vivienda pública como Minha Casa Minha Vida (en Brasil), Quiero a mi Barrio (en Chile) y el Programa de Mejoramiento de Barrios (Argentina) junto con otros programas en Chile, Perú y Uruguay. Si bien estas intervenciones tenían la intención de reducir la brecha de vivienda asequible, en algunos casos los proyectos se limitaron a la periferia de las ciudades y no se integraron con un transporte público urbano más amplio ni con la prestación de servicios. Como resultado, a veces han reforzado involuntariamente la exclusión y segmentación.
Mientras tanto, las autoridades públicas de América Latina han generado avances impresionantes en lo que respecta al transporte público integrado. Los ejemplos más aclamados son los esquemas de Bus Rapid Transit (BRT) tales como los establecidos en Curitiba (Brasil), el TransMilenio en Bogotá (Colombia) y los esquemas de transporte integrados en Medellín (Colombia), el Transantiago en Santiago (Chile) y Metrobús en ciudad de México. Hoy, más de 42 ciudades importantes de América Latina han introducido sistemas de transporte masivo y otras 327 han construido carriles para bicicletas.
Si bien todas estas iniciativas fueron impulsadas por líderes con visión de futuro, basadas en planes a largo plazo e involucradas en alianzas estratégicas, todas debieron enfrentar desafíos en relación con la generación de financiamiento. Los procedimientos engorrosos y la burocracia habitualmente hacen que la aprobación e implementación de los proyectos se haga a paso de tortuga. Igualmente importante, a pesar de las bajas tasas de interés en América Latina, los gobiernos municipales luchan por obtener préstamos. Según The Economist, la deuda del sector público no financiero ha aumentado de alrededor del 30,6% del PIB en 2007 a más del 40% en la actualidad (y hasta el 74% en Brasil). Una encuesta de 2018 de expertos de la industria realizada por el GRI Club enumeró los desafíos políticos, administrativos y regulatorios junto con las tasas de interés, los riesgos cambiarios y la volatilidad macroeconómica como la principal limitación para la inversión.
Construcción para el futuro
Las ciudades latinoamericanas están luchando por atraer financiamiento para el desarrollo de sus ciudades, pero esto no se debe a la escasez de dinero en el sistema global. De hecho, hay un capital internacional considerable disponible, al menos 7,4 billones de dólares están solo en las manos de los fondos soberanos de inversión. Pero los inversores buscan estabilidad y escalabilidad. Están buscando ciudades latinoamericanas con las condiciones adecuadas: un plan a largo plazo para el crecimiento urbano, liderazgo capaz que abarque múltiples términos, entornos normativos estables, agencias públicas competentes (y despolitizadas), solvencia crediticia razonable y bajos niveles de corrupción.
Suponiendo que se cumplan la mayoría de las condiciones mencionadas anteriormente, existen amplias oportunidades para financiar el desarrollo de la infraestructura urbana en América Latina. Por ejemplo, las ciudades regularmente hacen asociaciones entre los sectores público y privado para recaudar fondos internacionales. Las ciudades también trabajan con instituciones de terceros, como la Corporación Financiera Internacional (CFI) para reducir el riesgo de las inversiones. Las principales fuentes nuevas de capital, incluidas las afluencias sin precedentes de China, también están impulsando el desarrollo urbano. Y, a su vez, las propias ciudades están explorando más oportunidades para acceder al financiamiento local, desde bonos hasta mecanismos de financiamiento mancomunado.
Si las ciudades de América Latina tienen verdaderos deseos de prosperar, tendrán que mirar hacia el futuro. Las políticas que respalden el crecimiento y la redistribución de los ingresos se requieren con urgencia. Abordar las restricciones de accesibilidad para los más vulnerables es fundamental. Esto significará experimentar con la titulación de la tierra, los derechos de ocupación, los arrendamientos intransferibles a corto plazo, los fideicomisos de terrenos comunitarios y las protecciones contra los desalojos. Los gobiernos deberán ser más proactivos en la adquisición de tierras, el desarrollo de normas para la determinación de zonas más inteligentes y la generación de empresas conjuntas para impulsar un desarrollo industrial y totalmente nuevo. Se deben evitar los errores del pasado: la vivienda pública y los servicios deben construirse más cerca del centro de los distritos comerciales de la ciudad. En algunos casos, los gobiernos locales también deberán alentar el alquiler de viviendas (incluso con impuestos preferenciales, subsidios y regímenes especiales para la vivienda) y aumentar el poder adquisitivo de los residentes más pobres.
Las ciudades latinoamericanas tienen una oportunidad real de despegar en el siglo XXI. Un liderazgo valiente, una toma de decisiones y planificación inteligentes, y una inversión cuidadosa en la infraestructura moderna son fundamentales para ponerlos en marcha. Solo vea el caso de la electricidad. Si las ciudades dependen de la tecnología actual, la infraestructura eléctrica de Sudamérica costará entre 23 y 24 mil millones de dólares al año. Según un reciente estudio del Banco Mundial, si se implementaran energías renovables y otras estrategias de conservación, los costos recurrentes caerían a 8 o 9 mil millones. Las ciudades de la región tienen un enorme potencial sin explotar: lo que requieren urgentemente es la agilidad para liberarlo.
