El déficit habitacional llega a un millón 400 mil, debido a que a partir de 2012 la política del Gobierno es respaldar al sector privado en la producción de viviendas, mientras ha abandonado las políticas públicas dirigidas hacia los sectores más vulnerables.
Ricardo González, director de Ciudad Alternativa (CA), cree que cada año el Estado dominicano construye menos viviendas para los sectores que verdaderamente necesitan del respaldo del Estado.
Precisa que el enfoque del Gobierno, a partir de 2012, es respaldar al sector privado en la producción de viviendas, mientras abandona las políticas públicas en esa materia.
Jenny Torres, coordinadora de políticas públicas de CA, estima que el déficit habitacional afecta alrededor del 50% de la población, mientras en los últimos siete años el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) apenas construyó 13 mil soluciones.
Deplora que para este año, apenas el 0.03% del Producto Interno Bruto (PIB) está dedicado al tema vivienda, con una disminución considerable en los últimos años.
Ricardo González, observa que las autoridades solamente atienden situaciones de vulnerabilidad cuando se producen eventos catastróficos con la reposición de techos, en la mayoría de los casos en las mismas zonas de desastres como riberas de ríos y cañadas.
“Cuando se reconstruye una vivienda en una zona de peligro, lo que está es condenando a la familia a seguir viviendo en la misma vulnerabilidad, no se resuelve su problema”, apunta.
Cita como ejemplo de su apreciación las acciones tomadas por las autoridades a raíz del paso de los huracanes de Irma y María en provincias de la Línea Noroeste, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, La Vega.
Inadecuadas. Señala que en el país existe un 59.56% de viviendas inadecuadas, de acuerdo a datos de la Encuesta de Trabajo de 2019, por lo que de las viviendas existentes apenas el 40.44% son adecuadas.
Estas, dice, son casas con problemas, o el techo, el piso, paredes, de acceso de agua potable, a energía eléctrica o de terrenos.
Asimismo, afirma, alrededor del 4% de las viviendas en República Dominicana están en hacinamiento, lo que quiere decir que en una misma habitación cohabitan más de tres personas.
Revela que el 25.32% de los hogares tienen déficit sanitario, por lo que no tiene sanitario o carece de una solución en ese sentido dentro del techo.
De igual modo, dice, que el 38.85% de las viviendas tienen acceso a agua potable, lo que quiere decir que casi el 60% no tiene acceso al preciado líquido dentro de su techo.
“Esto provoca que la vida de las familias se torne más compleja, sobre todo las mujeres, debido a que tienen que dedicar un gran tiempo a cargar agua, darle mantenimiento, lo que a su vez contribuye al deterioro de la salud”, apunta.
Sin política social. Lamenta la carencia de una política social sostenible por parte del Estado para la solución de los servicios básicos interconectados a la vivienda.
Revela que según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) un 10% de las viviendas no cuentan con servicios mejorados, es decir, no están conectada a ninguna red de drenaje sanitario y pluvial, pero tampoco de agua potable.
González señala que el 60.63% de las viviendas denominadas cualitativas tienen algún tipo de déficit, lo que significa un millón 333 mil 458 casas.
Tipos viviendas. En tanto que el déficit de viviendas cuantitativas es de 39.37%, equivalente a 885 mil 829 unidades habitacionales, por lo que entre ambos déficit se calculan en más de dos millones de casas que deben ser construidas o mejoradas. Las viviendas cualitativas son aquellas techadas en zinc, sin piso, no cuentan con baño dentro, sin agua potable dentro.
Estas viviendas, en su mayoría están ubicadas en lugares vulnerables, como es el caso de Los Coordinadores en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, que no resisten la fuerza de los fenómenos natrales.
De la orilla al Palacio. Por eso, anuncia un proyecto denominado “De la orilla al Palacio” dentro del programa de gestión de riesgo, auspiciado por la Unión Europea con la finalidad de ayudar a las comunidades a empoderarse.
El objetivo es trabajar en la incidencia frente al Estado para resolver los problemas mayores, porque lo de orden inmediato los pueden resolver las comunidades organizándose.
Estima que los problemas mayores, como la construcción de un muro, para que el río no se desborde hacia esa zona, tendría que hacerlo el Gobierno.
Con esos fine, precisa, ya el proyecto fue aprobado por la Unión Europea, por tres años, junto a Oxfam y las organizaciones comunitarias.
El proyecto incluye además trabajar otros barrios de la margen del Ozama en Santo Domingo Norte, Pantoja, al Oeste de Santo Domingo, así como en el barrio Cienfuegos, en coordinación con el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM).
Una propuesta. Ciudad Alternativa señala que el proyecto de Ley de Vivienda establece la necesidad de crear un sistema nacional de vivienda, que deberá ser dirigido por un consejo que asesore a un futuro Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano.
Explica con este ministerio se eliminarían al menos nueve instituciones que actualmente trabajan el tema vivienda.
La creación del Ministerio de la Vivienda se encargaría de la producción pública de casas, que pudieran ser levantadas por el sector privado o por el Estado.
Plantea además, la producción social de viviendas, en la que entrarían las cooperativas, las asociaciones comunitarias, que se enfocarían, más que a la producción de casa al mejoramiento de las existentes con miras a paliar el déficit cualitativo.
La producción privada estaría dirigida, tanto a pobreza como a clase media, podría entrar como productor propio o construyendo proyecto del Estado tipo fideicomiso.
La propuesta reconoce las diferentes forma de producción existente y la integra, pero además mejora el tema de la supervisión, para que se construyan con los estándares de calidad internacional, tamaño, distribución para que de esa manera las familias obtengan viviendas dignas.
Propiedad
CA sugiere como novedad, que la vivienda pueda tener diferentes formas de propiedad, a lo que ha habido resistencias, debido a que esta se ve como una mercancía y un bien transable. Entre los regímenes de asignación señala que para familias envejecientes integradas por adultos mayores o con discapacidad y que vivan en pobreza extrema, se establezca el uso y goce de la propiedad. “La vivienda no permite a esa familia venderla, pero la pueden utilizar mientras la necesite y cuando ya no la necesite el Estado se la reasigne a otra familia, ese es el régimen de uso y goce”, explica González. Otro régimen seria el Alquiler Social, que consiste en una vivienda que se rentaría a una familia pobre por un porcentaje de sus ingresos que se considere adecuado en su momento, que podría ser entre un 10 o un 15 por ciento de sus ingresos. Expone que las familias que hayan adquirido un bien social y decidan adquirir la vivienda, los que hayan pagado de alquiler serviría como inicial para esa casa. La otra modalidad consiste en la adquisición de pago programado, que son personas con mayores posibilidad que podrán obtener una casa a través del sector privado bajo condiciones en que el Estado se hace garante de esa vivienda, de manera que no la pierdan cuando el propietario entre en una crisis económica. “La idea es que la vivienda se constituya en un bien de la familia y el Estado subsidie mientras esta no pueda pagarla, en caso de que entre en una situación económica que no se lo permita”, señala.
