Se cuentan por miles, pero a nadie parece interesarle que destino van a encontrar al tratar llegar como ilegales a este país. Son un ejército de sombras que se desvanecen al cruzar la frontera. Ninguno trae documentos que acrediten su edad y lugar de nacimiento. Carecen de identidad. Y el presidente Trump no quiere darse cuenta de que ellos existen.
En su mayor parte los chicos ingresan a Estados Unidos cruzando el río a nado y se internan en los densos matorrales de Texas. Muchos son adolescentes que viajaron solos desde América Central, otros son muchachos cuyos padres los sacaron de campamentos de refugiados en México. Entre ellos suele haber niños de 10 años de edad.
Las leyes de Estados Unidos estipulan que estos menores deben ser alojados en instalaciones del gobierno y se les debe permitir vivir con parientes mientras se procesan sus casos. Pero el gobierno de Donald Trump los está expulsando al amparo de la declaración de emergencia hecha por el coronavirus. Tan solo en abril fueron expulsados 600 menores.
Las expulsiones se suman a las medidas que ha tomado el gobierno con el fin de evitar la llegada de niños migrantes, incluidos programas como la política de “tolerancia cero” que dio paso a la separación de miles de familias.
Organismos de la frontera dicen que tienen que restringir los pedidos de asilo y los cruces de la frontera durante la pandemia para prevenir contagios. Activistas que defienden a los migrantes, en cambio, afirman que ese es un pretexto para ignorar las protecciones que conceden las leyes a los menores de edad.
En entrevistas con la agencia noticiosa The Associated Press, dos menores expulsados hace poco dijeron que los agentes les habían dicho que no se les permitiría pedir asilo. Los colocaron en celdas, les tomaron las huellas digitales y les hicieron un examen médico. A los cuatro días los subieron a un avión y los mandaron de vuelta a su país, Guatemala.
Brenda, de 16 años, se fue de Guatemala con la esperanza de venir a Estados Unidos para trabajar y ayudar a su familia. Su padre trabaja en una granja, pero lo que gana no alcanza para satisfacer las necesidades más apremiantes.
“En mi casa apenas si comemos”, expresó.
Su familia consiguió prestados 13.000 dólares para pagarle a un coyote y meses después ella ingresó ilegalmente a Estados Unidos. Las autoridades la encontraron el pasado abril en un escondite de Texas, según dijo.
“Pedí hablar con mi hermano que quería poner un abogado, quería pelear por mi caso”, expresó. “Pero me dijeron que no dejaban hablar con nadie, por más que peleara no dejaban quedarse a nadie. No logré hablar con ningún abogado”.
La muchacha regresó a la casa de su familia y está en cuarentena, a causa del Covi-19 que contrajo en Norteamérica.
Un chico de 17 años llamado Osvaldo dijo que los agentes no le dejaron llamar a su padre antes de expulsarlo. Lo retuvieron con otros menores en una habitación fría y le dieron una manta isotérmica y un par de guantes por cada uno de los cuatro días que estuvo retenido.
Alguien le tomó la temperatura antes de ser deportado, pero no se le hizo la prueba del coronavirus hasta que llegó a Michoacán. No recibió tampoco documento alguno en relación con su status migratorio, solo el informe médico de su examen.
“Pensé que me iban a ayudar o a pelear mi caso, pero no...”, dijo Osvaldo.
Un niño de 10 años y su madre pasaron meses en un sucio campamento de Matamoros, México, del otro lado de Brownsville, Texas, esperando ser llamados por los tribunales de inmigración en el marco del programa “Espera en México”. Miles de familias aguardan del lado mexicano de la frontera ser llamadas para exponer sus casos, pero los tribunales no están funcionando por la pandemia.
Cuando la mujer fue rechazada en una primera instancia, decidió que su hijo estaría mejor con su hermano en Estados Unidos. Le dijo que se fuera solo, y vio cómo cruzaba a nado el río Bravo y llegaba a la otra orilla.
Esperaba que el niño recibiese el mismo trato que se les ha dado a los menores en el pasado y que la Patrulla Fronteriza lo llevase a instalaciones del Departamento de Servicios de Salud y Humanos (conocido por sus siglas en inglés, HHS), para luego colocarlo con un patrocinador, generalmente un pariente.
Pero la madre no tuvo noticias suyas por seis días, hasta que un familiar recibió una llamada de un albergue para migrantes del gobierno de San Pedro Sula, en Honduras.
“Lo habían mandado hasta Honduras”, afirmó. “Y nosotros no sabíamos nada”.
“El niño está viviendo con una tía en la capital hondureña, Tegucigalpa. Otro familiar aceptó llevarlo al pueblo de la familia, en el campo, si ella regresa y se hace cargo de él. Pero ella teme que su antigua pareja abuse de ellos, como dice que hizo en el pasado. Por ese motivo no piensa regresar.
“No quería ni comer, se la pasaba llorando”, dijo la mujer. “No sé. Nunca imaginé que lo iban a mandar para allá”.
Su caso fue presentado recientemente por la cadena CBS News.
Amy Cohen, una psiquiatra que trabaja con la familia y dirige un grupo de activistas llamado Every Last One, criticó el trato que el gobierno dio al niño y a otros menores.
“Este chico ha sufrido múltiples traumas, incluida la experiencia de ser colocado en un avión, solo, y llevado a un país donde nadie sabía que iba a llegar”, comentó.
Bajo una ley del 2008 contra el tráfico de personas y el llamado Acuerdo de Flores, los menores de otros países que no sean México o Canadá deben tener acceso a asesoría legal y no pueden ser deportados de inmediato. También deben ser entregados a una familia de Estados Unidos o en su defecto deben ser retenidos en condiciones lo menos restrictivas posibles. Las reglas buscan evitar que los menores sean maltratados o caigan en las manos de delincuentes.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) empezó a expulsar a los menores a fines de marzo, de este 2020 usando la emergencia como excusa para ignorar un precedente conocido como el Acuerdo de Flores. El Servicio dijo que el mes pasado procesó 166 menores “no acompañados” --categoría por la cual deben ser alojados en instalaciones del HHS y se les debe permitir permanecer en Estados Unidos al menos temporalmente-- y que otros 600 procesados como “menores solos” y expulsados.
Pero el HHS dice que recibió solo 58 menores no acompañados en abril. Voceros de ambas dependencias no pudieron resolver la discrepancia de inmediato.
CBP afirma que hace uso de su discreción para no expulsar menores analizando “caso por caso, como cuando no es posible devolverlos a su país o tienen signos de enfermedades”. Un vocero de la dependencia desistió de dar más detalles.
Estados Unidos registró 16.800 cruces ilegales de la frontera con México en abril, un 50% menos que en marzo y un 88% menos que hace un año. El comisionado del CBP Mark Morgan dijo la semana pasada que Estados Unidos puede seguir expulsando migrantes incluso si los estados suavizan las restricciones por el coronavirus.
El virus se está esparciendo por los centros de detención de migrantes. El gobierno deportó a al menos 100 personas con el COVID-19 a Guatemala, incluidos menores. El ministro de relaciones exteriores de Guatemala Hugo Monroy dijo hace poco que Estados Unidos era “prácticamente el Wuhan de América”. Aludía a la ciudad china donde se detectó por primera vez el virus.
Michelle Brané, directora de la unidad de derechos del migrante de la Comisión de Refugiados de Mujeres, explico a diversos medios de comunicación, que el virus es una excusa para expulsar menores de edad y que el gobierno de Trump podría admitirlos y al mismo tiempo evitar la propagación del virus mediante medidas como tomar la temperatura y cuarentenas.
“En el fondo”, manifestó, el objetivo “siempre ha sido tratar de bloquear el acceso a la protección de menores y de familias, y de personas que piden asilo”.
