Tras varios meses de confinamiento, América Latina comienza a salir a la calle poco a poco. Sin embargo, para muchos, ha sido duro quedarse en casa, pues sus viviendas no siempre son dignas de ser llamadas así. Un año antes de la declaración de esta pandemia, que ha destapado las desigualdades sociales, el Banco Mundial advertía que dos de cada tres familias en la región necesitaban mejorar sus viviendas porque estas no cumplían con los estándares mínimos de bienestar y seguridad. Estos cambios siguen pendientes.
Algunas casas no cuentan con agua, alcantarillado, ventilación, transporte, electricidad o acceso a Internet; un cóctel de carencias que puede causar problemas laborales y de salud durante periodos extendidos de confinamiento. “Las ciudades han sido el epicentro de esta pandemia y la vivienda ha sido la primera línea de defensa y protección, lo cual arroja luz sobre una problemática pendiente de solución desde hace décadas”, subraya Tatiana Gallego, jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, esta población vive en ghettos alejados del resto de la población, en barrios en la periferia y sin acceso a servicios básicos, zonas verdes, colegios u hospitales. Más problemas.
Pese a todas estas evidencias que emergen de nuevo con la Covid-19, la lucha para tener una vivienda digna y resiliente parece estar congelada. Lo que está pasando es muy dramático para los pobres y los nuevos pobres que todavía no ven que van a perder su empleo en esta crisis. Es pronto para saber qué aportará la pandemia porque todavía estamos en una fase de supervivencia. Pero ahora que los latinoamericanos empiezan a sacar la cabeza del agua y entrar en su nueva normalidad, ¿qué enseñanzas se pueden sacar de la pandemia?
Pocos metros y mala calidad: mejorar los estándares
La pandemia ha vuelto a poner bajo el foco un problema de sobra conocido: el diminuto tamaño de las viviendas sociales, y la carencia de servicios y salubridad en sus barrios.
En Chile las viviendas sociales destinadas a familias llegaron a medir apenas 36 metros cuadrados y en casos extremos no más de 27. Hoy, la ley chilena establece el estándar mínimo en 55. La investigadora francesa explica que este país fue el primero en implementar una política de producción masiva de viviendas sociales en los años 90 con unos estándares de calidad muy bajos. A partir de los años 2000, la cosa mejoró.
Aun así, los chilenos viven pensando en su vivienda. Los más pobres, en cómo obtener una digna. Las condiciones en las que viven, en particular en condominios sociales heredados de la fase de producción habitacional masiva, dejan todavía mucho que desear.
Pero el virus ha hecho que algunas autoridades abran los ojos. hay que acabar con el déficit habitacional y el desempleo.
En otros países como México, Brasil o Colombia, que también siguieron el ejemplo de Chile en los años noventa, la situación es aún más inquietante: los estándares, por ahora, no cambian. Sigue habiendo viviendas que no miden más de 40 metros cuadrados y donde no caben los muebles básicos. “En estas condiciones, efectivamente, estos tiempos de pandemia y confinamiento son muy duros”, confirma Paquette.
El error de tomar la casa como mercado
El salario mínimo en América Latina aumenta desde 2000, pero sigue sin ser muy idóneo: entre unos 200 y 400 euros mensuales en función del país, en enero del 2020. Con la crisis, la región se hunde en un contexto de retroceso: la pandemia hará regresar la renta por habitante a niveles de 2009. Sometida a esta fragilidad económica, ¿cómo puede una familia acceder a una vivienda social?
Y aquí se presenta otro problema: muchas personas han perdido su empleo por culpa de la pandemia, en particular en los hogares pobres, y no pueden seguir pagando su casa. En América Latina, con o sin coronavirus, el endeudamiento por culpa del alojamiento es muy elevado y es posible que el piso, por su mala calidad, no dure el tiempo correspondiente al crédito hipotecario.
Céspedes explica que a los “más pobres” se les da un subsidio con el que acceder apenas a una vivienda sin servicios cerca y con una calidad de materiales muy mala. Benedicto agrega: “Todavía hay mucha gente sin vivienda en Chile porque, si la economía se basa en la construcción de más y más de ellas, se dejan muchos otros temas de lado como mejorar y facilitar el acceso”. El objetivo de estas políticas, cree la experta, es mantener a la gente unida al Estado para fomentar el mercado, la privatización y que los más necesitados sigan pidiendo subsidios, sin derechos sobre el territorio, dando lugar a más ghettos a los que nadie presta atención.
La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma para ampliar la protección social de los más vulnerables. En línea con esta idea, Gallego añade que en los últimos 12 meses, países como México o Brasil han lanzado nuevos apoyos a la regularización y la titulación, combinadas con soluciones (subsidios y micro-créditos) a la mejora, el incremento y la autoproducción asistida de la vivienda.
Apoyar la cohesión vecinal
Para la jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID son “los efectos perversos del hacinamiento estructural”, que en condiciones de confinamiento obligatorio no solo intensifica las probabilidades de contagio dentro de la familia, pero también puede incrementar la violencia. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) estima que un cuarto de la población urbana mundial vive todavía en barrios marginales y el mismo porcentaje se aplica a América Latina. “En esos barrios de vivienda social se da más bien la desconfianza y el miedo entre vecinos”, describe Paquette. “Me acuerdo que en un trabajo de campo en el Norte de México, una familia en un conjunto de viviendas sociales me contó que nunca dejaban la casa sola. Siempre había gente porque era común que entrara uno de los vecinos a robar”, testifica. Esta falta de cohesión entre la gente se debe, entre otras cosas, a que no eran ellos los que habían creado su barrio y que les habían asentado ahí, en casas individuales, lejos de todo y en particular de sus redes de solidaridad, esenciales para la vida cotidiana.
Sin embargo, después de estos meses de crisis, la gente ha comenzado a conocerse, apoyarse y organizarse. “Ahora es importante ver cómo podemos conservar estas formas de organización vecinal de cara al futuro. Es muy valioso y hay que fortalecerlo”, propone la investigadora francesa. A Benedicto y Céspedes también les gustaría que fuera a más. Para ellos, los movimientos sociales no son tan reivindicativos como deberían, vista la situación deplorable en la que están algunos ciudadanos. “Es verdad que se ha conseguido mucho con los movimientos en Chile, pero en Arica, por ejemplo, yo no he visto nada, no hay ayuda y la situación en muchos lugares sigue siendo desastrosa y no avanza”, lamenta la mujer. En busca de soluciones, Gallego reconoce que la interacción social necesita reactivar sus espacios públicos gracias a métodos innovadores como la convocatoria del BID Volver a la calle.
Por otra parte, los gobiernos locales, al no verse involucrados en los programas de producción masiva de viviendas sociales, pueden negarse a hacerse cargo de la gestión de los barrios una vez construidos al no tener recursos. Para solventar dichos percances, al igual que muchos expertos, Paquette es más partidaria de que el Gobierno apoye la producción social de hábitat, es decir, a los lugareños para que construyan y mejoren sus viviendas con apoyo técnico; lo que, además, fomentará la cohesión social.
El barrio como solución
La lista de mejoras necesarias es larga, pero uno de los mayores retos para Gallego y Paquette es la regeneración urbana, es decir, el perfeccionamiento de las viviendas existentes, antes de dedicarse a la construcción de unas nuevas. “Las políticas habitacionales se enfocan en el segundo objetivo y poco en el primero porque no genera más economía ni beneficia a los desarrolladores inmobiliarios”, detalla la urbanista francesa. Y concluye: “Ojalá pudiera el regreso a la ‘nueva normalidad’ generar un cambio de paradigma en la materia. A no ser que los gobiernos elijan de nuevo apoyarse en la producción habitacional masiva para reactivar la economía… El riesgo es muy real”.
Gallego reconoce el peligro existente de una suburbanización “ineficiente y expansiva”, pero se muestra más esperanzada: “La reciente pandemia nos ha permitido realizar una reflexión profunda sobre los desafíos que presenta el modelo de desarrollo urbano y de vivienda actual, y sobre las oportunidades que se pueden abrir como respuesta a los cambios en el comportamiento de la población”. Bajo su punto de vista, la pandemia ha revelado nuevas posibilidades para reevaluar sistemas de planificación y ordenamiento del territorio más equitativos
